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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsa una reforma al marco legal de la casación, en coordinación con el Poder Judicial, la Academia de la Magistratura y universidades.
La propuesta modificará leyes clave (paro procesal civil, penal, laboral y administrativo) para que los procesos de casación sean más eficientes, lo que podría reducir bloqueos y demoras en los tribunales.