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El Congreso oficializó una Comisión Especial multipartidaria para redactar un nuevo Código Penal, actualizando normas obsoletas y respondiendo a los retos contemporáneos de criminalidad.
Este esfuerzo legislativo es clave: modificar el marco penal puede tener efectos profundos tanto para la persecución del crimen como para la protección de los derechos fundamentales.